Esta semana entran en su recta final las decisiones sobre dos aspectos cadentes que mantienen en vilo y en discusión al Gobierno, a los empresarios y a los trabajadores del país: La reforma tributaria y la definición del salario mínimo para el año 2013.

Por un lado, en estos primeros días de la presente semana se desarrollará en el Congreso de la República el último debate sobre la reforma tributaria presentada por el actual gobierno en la que, dentro de las diversas medidas allí propuestas, la que más ha generado acalorada discusión ha sido aquella de aliviar la carga a la nómina en un 13,5% a los empleadores que contraten personas con sueldos inferiores a los 10 salarios mínimos, al eliminarles los parafiscales del Sena y del ICBF y los aportes a la salud. La financiación de estas dos valiosas entidades sociales del Estado y de los aportes a la salud estará a cargo de un nuevo impuesto llamado Contribución Empresarial para la Equidad (Cree), el cual hará parte del impuesto sobre la renta.

Según el ministro de hacienda, Mauricio Cárdenas, esta reforma permitiría la creación y formalización de cerca de un millón de empleos. No obstante se percibe una fuerte oposición de quienes consideran que al desmontarse los parafiscales se abandona una fuente segura de sostenimiento de las dos queridas instituciones y de la salud, para confiar en el incierto recaudo del nuevo gravamen. Cree en un país en que la cultura de no pago y la evasión de impuestos es una de las más altas de América.

Según recientes declaraciones del director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, tanto la evasión como la elusión de impuestos se han convertido en los peores enemigos de las finanzas nacionales, hasta el punto que unos $80 billones se pierden por estas prácticas, lo cual representa 14 puntos del Producto Interno Bruto.

Se considera que esta alta evasión y elusión de impuestos, maquiavélicamente desarrolladas mediante creativos y alegres métodos contables por algunos particulares y empresarios, se alimenta de percepciones muy arraigadas en los colombianos respecto del dudoso destino de esos tributos que no suelen llegar a plenitud a donde deben llegar (salud, educación, acueductos, obras sociales, vías de transporte, etc.) debido a la alta corrupción existente en el país y la cual acaba de ser reflejada en el último informe de la ONG alemana Transparencia Internacional.

Es de resaltar que la aprobación o no de la reforma tributaria incide en el otro gran asunto laboral de la fijación del salario mínimo que también se establecerá en la presente semana, puesto que si esta reforma pasa sin sustanciales modificaciones los representantes de los trabajadores pondrán sobre la mesa de negociaciones una propuesta en el sentido de que, debido al alivio que se les daría a los empresarios en la reforma tributaria, exigirían un mayor incremento del salario mínimo (en los niveles de 7% y del 10%) para el año 2013.

De todas formas es necesario que dentro de estas intensas discusiones parlamentarias para decidir la viabilidad o no de la reforma tributaria propuesta así como del establecimiento del nuevo salario mínimo, se busque un equilibrio que satisfaga los intereses tanto del sector empresarial como del de los trabajadores, pues de no ser así seguramente el costo político será muy alto para el Congreso y para el Presidente, que aspira a la reelección.

Bajo estos parámetros en ambas decisiones tienen que buscarse puntos de conciliación de las tendencias que en el Congreso respaldan la reforma tributaria y de aquellas que la objetan, al igual que entre los representantes del Gobierno y de los trabajadores que negocian el salario mínimo, pues una decisión está íntimamente relacionada con la otra y con el equilibrio económico, político y social del país en los años que se avecinan.

Fuente: El Heraldo